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El reto de ampliar e integrar


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Publicado en 26/09/11 às 15h30 envie a um amigoenvie a un amigo

La inversión social de los institutos y fundaciones vinculados al sector privado se enfrenta a un reto importante: dirigir las acciones para el desarrollo de los territorios donde las unidades de negocio están instaladas, evitando lo que llamamos fuga del crecimiento económico.

¿Se han preguntado lo que representa, en términos de costo para una empresa, la contratación de empleados de las regiones alejadas de las plantas? ¿O lo que significa la búsqueda de proveedores en otros estados para el mantenimiento de las máquinas, por ejemplo? Cuando eso ocurre, significa que esa comunidad no tiene sentido comercial para la empresa, porque los recursos que puede ofrecer son escasos y se limitan, a menudo, apenas a los recursos naturales. Por otro lado, también significa que la empresa no tiene sentido para esa comunidad, ya que no consigue generar empleos e impuestos, aumentar el ingreso per cápita y atraer a nuevos inversores, por ejemplo. Esa relación pasa a ser depredadora e insostenible, ya que un buen negocio es aquel que favorece a todas las partes involucradas.

Traduciendo, cuando la empresa, a través de sus institutos y fundaciones, define de manera integrada con los municipios las inversiones en salud, educación y desarrollo de emprendedores e infraestructura, no sólo está colaborando con el desarrollo de las localidades donde opera y contribuyendo con la calidad de vida de la población local, sino que también está ampliando el desarrollo del negocio, pues aumenta la capacidad de atracción y mantenimiento de la mano de obra, la posibilidad de contar con proveedores locales y, principalmente, contar con funcionarios de la región.

En el interior del estado de Tocantins, la Fundación Bunge está trabajando con ese modelo de inversión social con el Proyecto Comunidad Integrada, desarrollado en los municipios de Pedro Afonso, Bom Jesus do Tocantins y Tupirama. Se trata de un programa de desarrollo territorial sostenible, que abarca la realización de diagnósticos y estudios socioeconómicos, además de un Plan de Gestión Integrada, con el fin de orientar la inversión social privada, en forma articulada e integrada con las comunidades y las necesidades de cada territorio, con acciones desarrolladas en tres frentes: relaciones con la comunidad, desarrollo humano y social y apoyo a la administración pública. Todo ese trabajo es planificado y coordinado con lo que llamamos de Grupo de Trabajo Consorciado. Son los representantes de las comunidades locales que nos ayudan a definir e implementar las mejoras que desean para sus regiones.

Y es erróneo pensar que las comunidades no saben mostrar los caminos, subirse las mangas y decir lo que quieren. Lo que les falta es la oportunidad.

Por Claudia Buzzetti Calais - Directora Ejecutiva de la Fundación Bunge

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